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La Reforma Penal

La Reforma Penal
28 de Noviembre de 2011
El Nuevo Gráfico

Por Carla Pratt

LA IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN NUESTRO PAÍS ESTÁ DESGASTADA, LA GENTE NO CONFÍA EN NUESTRAS AUTORIDADES Y EL HABLAR DE UN ESTADO DE DERECHO, EN ALGUNAS PARTES DE MÉXICO, SE HA CONVERTIDO EN UNA UTOPÍA, DE ELLO, ME PARECE QUE NADIE TIENE DUDA.

HEMOS DEJADO DE CREER POCO A POCO EN LA PROTECCIÓN QUE EL ESTADO DEBERÍA OTORGAR A SU SOCIEDAD, EXIGENCIA DE CUALQUIER POBLACIÓN QUE SE JACTE DE TENER UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO. LO QUE ES PEOR, SE TEME INCLUSIVE A LA PROPIA AUTORIDAD EN MUCHOS CASOS, EN VEZ DE OBSERVARLOS COMO AQUELLA QUE NOS DEBIERA DAR SEGURIDAD.

LA NECESIDAD DE UN CAMBIO, ES INMINENTE, ES UN GRITO QUE LA SOCIEDAD DA DÍA A DÍA, EN TIEMPOS RECIENTES. LA ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, SE HA CONVERTIDO EN MUCHOS CASOS, ALGO OBSOLETO, SECRETO, ALEJADO DE LA SOCIEDAD. LA JUSTICIA NO ES UNA JUSTICIA QUE DEBA SER APLICADA O ENTENDIDA ENTRE ABOGADOS, LA JUSTICIA ES PARA LA POBLACIÓN, PARA TODOS AQUELLOS QUE NO SON ABOGADOS, QUE QUIZÁ NI SIQUIERA SABEN LEER O ESCRIBIR, ELLOS SON QUIENES TIENEN QUE CALIFICAR Y ENTENDER LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. REQUERIMOS DE UNA JUSTICIA PARA TODOS, NO UNA JUSTICIA ENTRE ABOGADOS, SI ES QUE ELLO PUDIERA EXISTIR. DEBEMOS REGRESAR LA JUSTICIA A LA SOCIEDAD.

ES ENTONCES QUE UNA REFORMA PENAL SE HA CONVERTIDO EN ALGO NATURAL, EN UNA EXIGENCIA QUE DEBEMOS CUMPLIR. EL DESAFÍO ES DE MAGNITUDES INIMAGINABLES. NO ES SOLO UN CAMBIO DE SISTEMA, ES UN CAMBIO DE PARADIGMAS, UN  ESFUERZO DE MILES DE HORAS PARA LOS OPERADORES DEL SISTEMA. LA SOCIEDAD ESTÁ CANSADA Y ME PARECE, CON JUSTA RAZÓN. EL RETO NO ES SOLO IMPLEMENTAR UN NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA, EL RETO ES QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRE, POR LO MENOS, AL COMIENZO, CONFORME CON EL, PARA QUE DE MANERA PROGRESIVA, COMIENCE A CREER DE NUEVO EN SUS AUTORIDADES, SU GOBIERNO Y POR LO TANTO EN LA IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. UN RETO, QUE QUIZÁ NO VEREMOS CUMPLIR, NI SIQUIERA A LA GENERACIÓN QUE NOS HA TOCADO COMENZAR A IMPLEMENTAR ESTE SISTEMA.

VIVIMOS EN UN SISTEMA DE JUSTICIA LENTO, ILÓGICO, ALEJADO DE TODA NATURALIDAD, RIGORISTA Y EN ALGUNOS PUNTOS, HASTA CÓMICO. CON LA REFORMA, TRANSITAREMOS DE UN SISTEMA MIXTO A UNO DE CORTE ACUSATORIO ADVERSARIAL, EL CUAL, ENTRE SUS PRINCIPALES EXIGENCIAS, ESTARÁ LA PRESENCIA ININTERRUMPIDA DEL JUEZ EN LAS AUDIENCIAS, LAS CUALES SERÁN PÚBLICAS, PERMITIENDO LA PRESENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA SOCIEDAD EN GENERAL. DE IGUAL FORMA, SERÁ UN SISTEMA MAS ÁGIL, EN EL CUAL SE LLEVARÁ UNA CONTRADICCIÓN REAL DE LAS PRUEBAS POR PARTE DEL DEFENSOR PÚBLICO O PRIVADO Y EL MINISTERIO PÚBLICO, DE IGUAL MANERA, SE LE DARÁN MAYORES DERECHOS A LA VÍCTIMA, ENTRE MUCHOS OTROS BENEFICIOS.

DEBEMOS DE CAMBIAR UN GRAN NÚMERO DE PARADIGMAS, NO SOLO LOS ABOGADOS, LOS JUECES Y LAS PROCURADURÍAS, SINO INCLUSIVE LA SOCIEDAD, QUIEN SE HA CONVERTIDO LA MAS PRONTA PARA DICTAR UNA SENTENCIA, PARA “CRUCIFICAR” A AQUEL QUE CONSIDERAMOS HOMICIDA, SECUESTRADOR, VIOLADOR O NARCOTRAFICANTE, SIENDO LOS PRIMEROS EN OLVIDAR LA EXISTENCIA DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y QUE ESA FUNCIÓN LE CORRESPONDE AL PROPIO PODER PODER JUDICIAL, NO A NOSOTROS.

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA, NO TENGO DUDA SERÁ EXITOSA EN EL ESTADO DE HIDALGO, SI EXISTE EL COMPROMISO DE TODOS SUS OPERADORES.

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Hacia una nueva cultura jurídica

Por Miguel Angel Villalobos Caballero

Hacia una nueva cultura jurídica

A propósito de la aplicación progresiva del Nuevo Código Procesal Penal en nuestro país (falta en algunos lugares o regiones su implementación) se están llevando a cabo diversas capacitaciones sobre destrezas de litigación oral para fiscales, jueces, abogados y profesores no solo en el terruño sino en el extranjero a mencionar en Chile, Colombia y otros, inclusive en los Estados Unidos de Norte América.

En este último país anotado, tuve la oportunidad en el mes de Febrero del año 2010 de realizar estudios en la Academia de Destreza en Litigación de la California Western School of Law San Diego California Estados Unidos, en la que básicamente en dicha institución se capacita sobre los juicios orales en los discursos de apertura y clausura, el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio, allí diversos profesionales (de América Latina) dieron sus puntos de vista y tomaron en cuenta sus respectiva legislaciones a efecto de mejorar el sistema de justicia.

En la que luego de acabado el evento me hizo reflexionar si realmente este nuevo cambio o movimiento de reforma procesal penal (Adversarial, acusatorio, contradictorio, garantista, etc) que se da en diversos países de habla hispana  (cambio del sistema inquisitivo a uno garantista) ¿es lo más adecuado para los hispanos?

Pienso, que sí, por diversas razones, entre ellas, el final del sistema inquisitivo para la mayor parte de países en Latinoamérica: donde el investigado o procesado era considerado en el sistema inquisitivo un individuo y no una persona humana; como si se le tiene (o se tiende a ello) apreciado actualmente (garantista), en la que todo procesado goza de una serie de garantías fundamentales paralelo al respeto de sus derechos humanos en el proceso penal (inclusive en la investigación preliminar).

Otra razón, la sujeción del proceso a plazos determinados o al menos la preocupación por ellos, a fin de que ya no sean eternos y sin control alguno; penoso fue el sistema en el Perú, en la que los plazos de una investigación o proceso penal duraba años y años, esto además de generar impunidad (por las prescripciones penales) era antihumano y antijurídico desde todo punto de vista, porque a nadie en un Estado Democrático y de Derecho debe hacérsele esperar mas allá de un termino prudencial para saber finalmente, si es declarado inocente o culpable (sadismo o inoperancia del sistema).

Otra razón, la real valorización de la prueba, a fin de que las condenas no estén basadas en subjetividades y de manera imperdonable se cometan injusticias, así por ejemplo, en la estructura del juicio oral norteamericano, tenemos:

a) la apertura (un inicio),

b) la presentación de pruebas: testimonial, documental, pericial, material, etc. (parte media),

c) clausura (un fin)

d) la decisión (la sentencia).

Aquí, la sentencia condenatoria será en merito a una verdadera valorización de las pruebas, pruebas que no den lugar a ninguna duda sobre el hecho y la responsabilidad penal del imputado o procesado, por que si esto no se garantizase… ¿Qué sentido tiene ir o mudar de un sistema procesal penal a otro?

Otra razón, el hecho de tener vigencia un sistema procesal penal contemporáneo, donde se desplaza lo inquisitivo, lo secreto, lo escrito por incorporar básicamente la oralidad, la publicidad y la inmediación; sobre la oralidad tenemos que en nuestro país es quizás lo mas resaltante como cambio procesal, por cuanto en las Facultades de Derecho no enseñan a ser oradores, ni interrogadores, ni contrainterrogadores, ni ha presentar a un testigo o desacreditarlo si fuese el caso, ni ha sustentar una teoría o hipótesis del caso, ya sea como fiscales o como defensores, solo nos han enseñado la Ley; situación que no impide que cada cual se autocapacite y consiga las destrezas en litigación.

Esto de la oralidad, a mi entender, es pura practica, puro ejercicio, así por ejemplo he observado a los estudiantes de Derecho en las capacitaciones que he realizado con ellos sobre juicio oral durante años, que han entendido que un juicio oral no es para oradores, ni para actores, sino para los profesionales del Derecho que se saben su caso cien por ciento (en un caso no se improvisa, ni se inventa, es mas deben defender con ética y legalidad), por lo tanto entienden el o los tipos penales, los hechos, las pruebas y llegan a una conclusión y deben saber exponerlos oral y públicamente conforme a ley.

Otra razón, la eliminación de la alta carga procesal, y la mejor manera de reducir la carga procesal (porque la carga cero es un mito y no una realidad), es que en el proceso penal contemporáneo, el fiscal debe ser consciente y prudente de que los casos que lleve a juicio oral tengan una buena probabilidad de tener éxito, por ejemplo, ya no tener una acusación formal sino una sustancial; esta última por definición de la Ley Orgánica del Ministerio Público se da si las pruebas actuadas en la  investigación policial y en la instrucción lo han llevado a la convicción de la imputabilidad del inculpado; otras formas de reducir la carga procesal es la buena utilización del principio de oportunidad, la conclusión anticipada y otros mecanismos procesales, que deben ser de dominio de las partes, en especial de los abogados defensores, por cuanto si son conscientes de que no van a tener éxito con un caso, es preferible auxiliarse por los mecanismos ya mencionados a fin de terminar un caso en forma legal y breve.

Todas estas razones que he mencionado para la aceptación extendida del cambio procesal penal del sistema inquisitivo a uno garantista por parte de Hispanoamérica, necesariamente implica un cambio de mentalidad, para generar una nueva cultura jurídica, por lo que cabe la siguiente pregunta: ¿estamos preparados para este cambio cultural jurídico?

Aún, no estamos preparados mentalmente, por cuanto si bien existen en diversos países hermosas legislaciones adoptando las corrientes procesales penales mas garantistas del mundo, estas no son suficientes para lograr el cambio real que se necesita en materia de justicia, para que está sea rápida, justa, positiva y transparente.

Ya a lo largo de la presente obra he analizado y explicado en los diversos ensayos, que el fenómeno de la Justicia como sistema jurídico tiene varias dificultades, entre ellos, el mismo sistema, que es codificado y positivista, así sería saludable como miembros de este sistema jurídico actual, preguntarnos con sinceridad en relación a la diversidad de otros sistemas jurídicos: ¿Si el nuestro es el mejor o debe aprenderse de otros sistemas jurídicos?, entendiendo que nuestro sistema codificado, por ejemplo en lo penal, durante muchísimos años, ha estado ideologizado por un sub sistema, llamado inquisitivo y que ahora quiere sumergirse en otro denominado garantista o adversarial, o preguntarnos igualmente, si el caso adoptamos otro sistema, por ejemplo el anglosajón, con su jurisprudencia y utilización de jurados ¿Cómo sistema jurídico por fin seremos  más eficientes?

Antes de responder a estas inquietudes gnoseológicas, recordemos para precisar mejor que, hay básicamente dos grandes sistemas jurídicos: el codificado (basado en códigos por materia, así el Código Penal, el Código Procesal Penal, etc.) y el anglosajón o common law (que utiliza la jurisprudencia, como fuente de derecho, basado en el análisis de las sentencias judiciales), existen otros más, como referencia a saber, el derecho religioso o confesional (derecho canónico, el islámico) y el derecho consuetudinario; luego, para tratar de llegar a una respuesta a las preguntas; también habría que construir un concepto de lo justo y de lo injusto, por cuanto lo uno no puede estar separado de lo otro; así lo injusto por definición de la Real Academia Española, es lo no justo; y, lo justo en el mismo diccionario significa que se obra según justicia y razón, llevado para su debido entendimiento al plano practico o vivencial, es decir desde el sentir o percibir de las personas, para una persona algo será justo o no si aquel sistema jurídico le hace sufrir o no (por ejemplo una acusación fiscal sin pruebas o una sentencia condenatoria sin fundamentación u argumentación, es algo que perjudica, que hace sufrir por la tanto la sensación percibida por el ciudadano es la mas nociva), así, interpretando racionalmente desde el punto de vista mas practico que abstracto, “lo justo” será aquello que no hace sufrir o sentir incomodo a alguien o a un grupo o a una sociedad y que va conforme a la razón (consideramos que se puede considerar algo justo, si lo que se pretende es hallar o encontrar la verdad, o a los responsables o el imponer la sanción que corresponda respetando el procedimiento  y la ley); pero para que se de lo justo en el Derecho (Es el problema del lenguaje en el Derecho, que por mas que parece claro, no lo es, siempre hay que recurrir a la interpretación) a su vez se necesita que el sistema sea asimismo, “igual”para todos, por ejemplo, en el proceso penal debe existir igualdad de armas, si yo puede entrevistarse como fiscal con el Juez, también lo podrá hacer el defensor; si el fiscal puede hacer uso de la palabra por un tiempo razonable o presentar testigos o ofrecer pruebas, consiguientemente también lo puede hacer el defensor, etc. Por lo tanto el sistema penal no solo se convierte en igualitario sino que tiende a lo justo también.

Igual pasa en el plano más macro de la llamada justicia social, en la que al existir igualdad de derechos para todo habitante sin importar su origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición humana o de cualquier otra índole, también se apuntaría a una verdadera justicia.

Consecuentemente, y ya respondiendo a las preguntas, pienso que nuestro sistema codificado por la manera de ser que tiene el hispano, sus sentimientos, sus costumbres, su concepción del mundo y otros, y pese a los miles de problemas que existen en el sistema (altos índices de criminalidad, desorganización institucional, problemas democráticos, etc.), es el mas adecuado para solucionar nuestros conflictos y problemas, precisando que el problema en nuestro sistema jurídico no es tanto de ley o de leyes sino de los hombres y sus principios.

Pero, si se pretende un sistema de justicia, que realmente sea “justo” (justicia), “igual”, yo agregaría que también sea seguro (seguridad jurídica) y ordenado (orden jurídico), pregunto y reflexiono:

¿Por que hay tanta resistencia al cambio dentro del sistema penal de lo inquisitivo a lo garantista por parte de ciertas personas o instituciones o sociedades?

Me atrevería a decir, por la naturaleza humana de ciertas personas que luego de identificarse como son, se agrupan, se protegen y se organizan (como lo hace el crimen organizado) para ir contra la Paz, el Bienestar Común, la Solidaridad, la Cooperación, la Libertad, sus naturalezas humanas están basadas en la envidia, la codicia, la mentira, la arrogancia, el poder absoluto, la crueldad, la indiferencia y en algunos casos en el desorden mental, situaciones que se dieron desde el inicio de la humanidad y que se perpetua y perpetuara en algunos humanos o sociedades como una marca o estigma, de lo pendenciero que puede ser lo humano.

Por lo tanto, hay que generar dentro del cambio de mentalidad o cultura de las personas y de los pueblos la adquisición de valores, ya existentes y mencionados alguna vez por Aristóteles, como son las virtudes éticas (fortaleza, templanza, justicia) y las virtudes dianoéticas (sabiduría y prudencia) a fin de dominar la parte irracional del ser, para lo cual hay que autoeducarnos en los valores y tener buenos hábitos o costumbres a fin de lograr ser buenas personas.

Pero, para saber de los cambios de mentalidades o culturales en un determinado sistema jurídico o social, nos provoca una serie de ideas, de índole política, social, económica, antropológica, etc., con respuestas que quedan en el plano de la reflexión, porque finalmente la filosofía a diferencia de la Ciencia solo le queda especular o meditar, y aunque lo haga racionalmente y metodológicamente (como lo exigen los rigurosos) siempre será mas un especular, un sugerir, más  que un asegurar algo.

Por ejemplo, cuando acudí a la capacitación en San Diego – California USA, nos hicieron una pregunta a todos: ¿Cual es su interés en el curso en Estados Unidos? En efecto a muchos nos movió de nuestros países hacia allá, el saber sobre los cambios procesales penales, o saber por el sistema de jurados, o porque éste sistema funciona, como funciona.

En la que paradójicamente un ponente, explico o así lo entendía que el corazón del sistema de Estados Unidos es el pueblo, por lo tanto el sistema de justicia norteamericano esta destinado a fallar y es mejor que falle el pueblo.

El caso de que en Norteamérica exista la figura del “Juez” o el de “los jurados” es tan valido y vigente, en la que para soltar o condenar solo importa lo que quiere el juez, lo que quiere el Jurado y sobre esto tanto el Fiscal como el Defensor se preparan en las técnicas de litigación oral, así, a manera de referencia de algunos temas que se nos explico, tenemos:

Como presentar:

El alegato de apertura; Es un anuncio general que se hace, aquí el abogado tiene que lograr dos cosas, primero: la debida comunicación con los juzgadores, a fin de establecer credibilidad; segundo: Darle al juzgador un mapa de lo que va a escuchar (declaraciones de testigos, pruebas, etc.); es importante anotar sobre este tipo de alegato, el tener mucho cuidado con la apertura, en la que lo que se ofrece, se cumple; así,  en el caso del testigo (a diferencia de nuestro sistema, se puede ofrecer al procesado o la victima también como testigo en la que la misma se encuentra bajo juramento con las consecuencias de ley), como acreditarlo o desacreditarlo (esto último no significa  enlodar al testigo o al perito, es solo hacer que su testimonio pierda veracidad);

El alegato de clausura: Es como presentar las pruebas, como hacer vencer su teoría del caso, en la que es recomendable hacerlo rápido, sin aburrir, enlazando el delito, el hecho, las pruebas y la conclusión, es la etapa del juicio oral, donde las partes debe hacer creíble toda su historia o  teoría del caso que se llevo al proceso penal ya sea como fiscal o ya sea como defensor.;

Como proceder en el interrogatorio directo: Aquí se toma un testigo y se debe saber con anterioridad cuales son las metas con ese testigo, el testigo es la “estrella” y debe decir la historia y no el Abogado como en el alegato de apertura; hay que preparar al testigo (lo que no significa que mienta o decirle que va a decir o como la va a decir) y no practicar con él; un verdadero abogado eficaz ya sabe de antemano la respuesta a la pregunta que va a formular, de lo contrario no esta bien preparado para llevar su caso.

Como proceder en el contrainterrogatorio: Es un derecho fundamental para llegar a la verdad y tiene por meta: debilitar o desacreditar a la otra parte.

Creo que finalmente es necesario complementar la pregunta sobre mi breve estancia en los Estados Unidos para los estudios allí realizados, en la que no acudí a dicho país no solo por razones de saber sobre los cambios procesales penales, sino, además, por mi interés en reflexionar y dialogar conjuntamente con otros latinoamericanos ¿Si los cambios procesales penales contemporáneos que se están dando en nuestros países, apuntaban, hacia la Justicia, la Impunidad, la verdad o la Seguridad Jurídica?; en la que teóricamente y probablemente (hay que espera las estadísticas cada cierto tiempo en cada país) la respuesta por el momento, es que los cambios aludidos apuntan más hacia la Seguridad Jurídica.

No esta demás decir que, sin un compromiso moral serio por parte de todos nosotros a fin de lograr el cambio real que necesita la justicia peruana o hispana, todo esfuerzo (aún con grandes esfuerzos económicos en edificios para las cortes de justicia, tecnología avanzada, capacitaciones, buenos sueldos, etc.) de la reforma judicial será superficial y eso ya no podemos permitirlo, porque toda desorganización de la justicia en el fondo permite la organización del crimen, por consiguiente, toda desorganización o eliminación del crimen en nuestra sociedad será la organización de la justicia. (*)

Extraido de mi obra: "El Derecho como reflexión filosofica"
(Lecturas de artículos, opúsculos, ensayos yotras disquisiciones)
Editorial El Renacer. Primera Edición, Octubre de 2010.

Miguel Angel Villalobos Caballero
Fiscal Superior en lo Penal (Perú)
Miembro de la Asociación Internacional de Fiscales
Profesor de Litigación Oral.

¿Donde ha estado la Inocencia en el Proceso Penal Mexicano?

¿Dónde ha estado la Inocencia en el Proceso Penal Mexicano?

Por Germán Martínez Cisneros

INTRODUCCIÓN

Ciertas instituciones y grupos nacionales han practicado desde tiempos muy remotos un deporte en el que sobresalen por meritos propios. Para fines didácticos y un cierto afán metafórico vamos a denominar a ese deporte el del “discurso de altura”.

Lo que lleva a la victoria a quien practica esa actividad es el esfuerzo que se aplica en levantar la voz, en elevar el discurso lo más alejado posible de la realidad y dar la apariencia de que es más “verdad” la encerrada en frases y formulas preconcebidas (ajenas a lo que apreciamos con nuestros sentidos e inteligencia)  que la verdad derivada de la historia general o particular, o incluso impuesta por las normas y el sentido común.

Una de las hazañas memorables en dicho ámbito “deportivo” ha sido, sin duda alguna, ese salto formidable que se dio en algún momento de nuestra historia jurídico-procesal, para superar (ignorar) olímpicamente uno de los principios fundamentales y de mayor valía en el sistema de justicia penal.

Me refiero a la presunción de inocencia. Respecto a ese principio, las ideas de los juristas han oscilado entre la rotunda afirmación de que en México no existe y nunca ha existido porque no hay disposición legal alguna que la establezca, a considerar, por otro lado, que si bien tiene una existencia difusa en las normas legales mexicanas, lo más adecuado para una buena política criminal es no atenderlo en la práctica de los operarios del sistema de justicia o reservarlo para ciertos casos de laboratorio.

En junio de 2008, se concretaron importantes reformas en nuestra Constitución Política, en ellas se comprende una seria transformación del sistema de justicia criminal. Para que no hubiera duda en cuanto a la existencia o conveniencia de la presunción de inocencia, se incluyó de manera expresa como uno de los principios básicos del nuevo modelo. Sin embargo, de poco va a servir que ahora exista normativamente si no tenemos la voluntad de aplicar ese principio en la vida diaria de las autoridades enroladas en el procedimiento penal mexicano.

Este texto fue pensado para señalar ciertas tendencias conscientes e inconscientes que tenemos las autoridades mexicanas, cuya concreción en las prácticas diarias, podrían sumir bajo tierra los buenos deseos que llevaron a incluir en nuestra Carta Magna la presunción de inocencia y dejar en su lugar una simple evocación romántica de un ideal o un derecho constitucional programático de tercera o cuarta generación.

EL ASPECTO FILOSOFICO DEL PRINCIPIO DE PRESUNCION DE INOCENCIA.

Considerar, de entrada, inocente a cualquier persona, implica un respeto a su dignidad, en esa actitud se sintetiza la voluntad de una sociedad civilizada de creer que los individuos integrantes del grupo humano son, de ordinario, buenos para convivir con los demás.

En la vida diaria buscamos y a veces exigimos que se nos considere seres desprovistos de maldad o, al menos, incapaces de realizar actos que evidentemente perjudiquen a nuestros semejantes y, por tanto, con la capacidad mínima para convivir en armonía con los otros miembros de la sociedad. Ello comprende la necesidad de compartir los mismos valores y principios.

Desde una perspectiva iusnaturalista diríamos que todos tenemos, entre otros derechos inherentes a la condición humana, el de lograr un mínimo de respeto a nuestra dignidad, y parte esencial de ese respeto es que se presuma nuestra inocencia; ello impide estimar perversa o antisocial a cualquiera sin bases que lo sustenten, lo cual tiene una importancia de especial trascendencia si recordamos que la culpa es  en esencia un estigma que justifica la sanción y la marginación.

Dice Carlos Soria “La presunción de inocencia protege esa peculiar dimensión social de la dignidad humana que es la confianza colectiva. ¿La presunción de inocencia? ¿Qué tipo de sociedad aparecerá si se partiera de la base de que toda persona es culpable mientras no se demuestre lo contrario? (1)

Al respecto recordemos que uno de los  teóricos de la revolución francesa, Juan Jacobo Rousseau en su celebre “Contrato Social” hace patente esa idea de marginación del culpable: "… todo malhechor, atacando el derecho social, conviértese por sus delitos  en rebelde y traidor a la patria; cesa de ser miembro de ella al violar sus leyes y le hace la guerra. Los procedimientos, el juicio, son las pruebas y la declaración de que ha roto el pacto social, y, por consiguiente, de que no es ya miembro del Estado".(2)

Al ser casi siempre inmediatas esas consecuencias contra el que se considera no inocente, permite advertir con mayor claridad que la  inocencia es componente esencial de la dignidad humana; más aun si entendemos que la inocencia es en sustancia aptitud: aptitud de la persona para vivir aceptablemente en sociedad.

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA A TRAVÉS DE LA HISTORIA.

Unos doscientos años antes de Cristo, el jurista romano Ulpiano dejo asentado: “Es preferible dejar impune el delito de un culpable que condenar un inocente”, con esa máxima se regía el procedimiento penal romano, y adquirió posteriormente un mayor énfasis en la inocencia al ser incorporadas las doctrinas cristianas.

Durante la Edad Media, los tribunales (al servicio de la clase gobernante) no tenían empacho alguno en admitir pruebas ilegales y el uso indiscriminado de la tortura como un medio válido para obtener la confesión. El acusado no era considerado un simple sospechoso, antes bien, se le estimaba y se le trataba como culpable, por tanto a él le correspondía el deber de destruir las pruebas o las simples conjeturas de culpabilidad, para demostrar su inocencia. Se ha considerado la época oscura no únicamente del enjuiciamiento criminal sino del conocimiento humano.

En el año de 1670 en Francia existía una ordenanza que incluía el siguiente párrafo:”Todos se presumen buenos mientras no se pruebe que son malos”. (3)

En la época de la revolución francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en su artículo 9  establece: “Tout homme étant présumé innocent jusqu â ce qu’il ait été déclaré cupable” (Todo hombre se presume inocente hasta que haya sido declarado culpable) (4)

En Inglaterra Jeremias Betham, fue partidario de ese principio, argumentó que el acusado debía ser escuchado en juicio y darle la oportunidad de probar, ya que todo ser humano es inocente por naturaleza.

En Italia Beccaria también consideró de un rango predominante al mismo principio en su “Tratado de los Delitos y de las Penas” (1764), en una parte de su capitulo XVI dice: “…no se debe atormentar a un inocente, porque tal es, según las leyes, un hombre cuyos delitos no están probados”. Incluso este humanista italiano fue más allá en el tema de considerar la inocencia como un principio básico del proceso penal, pues se opuso abiertamente al encarcelamiento preventivo, al cual consideraba una pena anticipada, y que por tanto sólo podía aplicarse cuando se actualizaran suficientes requisitos legales (5) 

En el siglo XIX, imperaron las ideas de la denominada Escuela Clásica italiana, en la que destaca Francesco Carrara, quien respecto al estado de inocencia expresó: "El postulado de que parte la ciencia en esta segunda serie de estudios es la presunción de inocencia, y así la negación de la culpa... Aquí dice ella: Protejo a este hombre porque es inocente, así lo proclamo hasta que no hayáis probado su culpabilidad... con los modos y las forma que yo prescribo, y que debéis respetar porque ellas proceden también de dogmas de absoluta razón" (6)

EL PRINCIPIO DE INOCENCIA EN LAS NORMAS INTERNACIONALES.

En el año de 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas, proclamo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el numeral 11.1 señala: "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa" Además, dicha Declaración recoge los principios de legalidad, publicidad y de un efectivo acceso a la defensa.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, deriva del consenso de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 1966, que entró en vigor internacionalmente hasta 23 de marzo de 1976, en su artículo  14, apartado 2 señala "Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a ley"

En el derecho internacional originado en nuestro continente, es de suma importancia la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en Bogotá, Colombia, en 1948, por ser en Latinoamérica la primera norma que expresamente se pronuncia sobre la presunción de inocencia, en el apartado XXVI refiere: "Derecho a Proceso Regular. Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable" .

El  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (ambos formalmente aceptados por el Estado Mexicano), en sus artículos 14 apartado 2 y 8 apartado 2, respectivamente casi en términos semejantes refieren que: Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad" (texto de la Convención).

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL MEXICANO.

Antes de las reformas constitucionales en materia penal de junio de 2008, es posible afirmar  que la consideración de inocencia de los individuos subyacía en el sistema legal, sobre todo en  nuestra Constitución y como reflejo de ésta en las leyes secundarias.

El artículo 1° constitucional establece que todo individuo goza de las garantías derivadas de esa ley y no pueden restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones estipuladas en la propia constitución. En el mismo orden de ideas el numeral 14 de nuestra máxima norma jurídica contempla la garantía del debido proceso y expresa otras restricciones para privar a cualquiera de derechos. El mismo sentido de exigir requisitos ineludibles para privar o molestar a alguien en sus derechos, se advierte en los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 y 102 del propio ordenamiento constitucional.

Resulta fácil constatar en nuestra máxima ley y en los Códigos ordinarios, una importante lista de requisitos y limitantes que se imponen a las autoridades para poder emitir cualquier acto que pueda causar una molestia de cualquier tipo y gravedad a los gobernados.

Los criterios de jurisprudencia son acordes con las mismas restricciones y exigencias de las normas legales, las interpretaciones que se hacen de las leyes penales invariablemente dan relevancia suprema a los derechos fundamentales de los particulares frente al Estado y generalmente (salvo extrañas excepciones) reafirman la necesidad de cumplir con determinados requisitos para emitir un acto que pudiera perjudicar de cualquier manera al particular.

Visto así, es claro que aun sin un texto expreso, el sistema legal presupone la inocencia del gobernado y por tanto jerarquiza en primerísimo orden el respeto en su persona, en sus derechos, papeles, posesiones, etcétera, ello obviamente porque se le debe considerar de inicio un ser no culpable, es decir, se presume su inocencia. Miguel Carbonell  al referirse al principio de presunción de inocencia lo deduce de la siguiente manera:

“…puede entenderse que está presente a contrario sensu a partir de la interpretación de las normas constitucionales que establecen una serie de requisitos para que una persona sea privada de su libertad.”(7)

Con independencia de las reflexiones expresadas en precedentes párrafos, nuestra Suprema Corte se ha pronunciado al respecto afirmando que es un principio constitucional, de especial y absoluta aplicación. Muestras patentes en la materia de este texto, son las tesis de los rubros siguientes: “PRESUNCION DE INOCENCIA, EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.” (Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta T. XVI, agosto 2002) “PRESUNCION DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.” (Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta T. XXV, mayo 2007), ambas de la novena época. En la primera se hace una interpretación sistemática de los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 19, párrafo primero; 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución mexicana, concluyendo que los principios constitucionales de debido proceso legal y el acusatorio (contenidos expresamente en la norma) resguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, merced al cual al acusado no le corresponde probar su inocencia. La segunda tesis de alguna manera complementa a la antes reseñada, al disponer que los alcances de la presunción de inocencia trasciende la orbita del debido proceso, debe aplicarse en cualquier materia para garantizar al gobernado un trato de no autor o no partícipe en cualquier hecho que pudiera infringir la norma legal (se insiste, no sólo penal), refiere que con la aplicación de la presunción de inocencia “se garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrán resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares.”

No obstante si se considera la situación que impera en las acciones de las autoridades relacionadas con el sistema de justicia penal; tan grave es la situación en la realidad cotidiana, que muy pocos conocedores del tema de la justicia se podrían oponer con argumentos razonables a la conveniencia que tiene haber insertado el principio de presunción de inocencia expresamente en las normas legales de mayor trascendencia. El artículo 20 constitucional ya reformado empieza diciendo: “El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.” Enseguida, en el apartado A, que denomina “De los principios generales”“I.- El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente,  procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.” “…V.- La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora…” “VIII.- El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del acusado;” “IX.- Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula.“ establece, entre otros puntos:

Las anteriores expresiones normativas derivan, sin duda alguna, directamente de la presunción de inocencia, sin embargo, para que no haya lugar a interpretaciones banales, el principio se inserta de manera expresa en el apartado B, “De los derechos de toda persona imputada: I.- A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”. Con ello el legislador nos pone a la altura, al menos formalmente, de los sistemas de justicia penal de vanguardia internacional.

Cabe hacer la aclaración que, conforme a los artículos transitorios de las reformas en comento, éstas no entran inmediatamente en vigor, sino hasta que lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que pueda exceder del plazo de ocho años (a partir de la publicación del decreto); sin embargo, ello no significa que el principio de presunción de inocencia (al cual me circunscribo en esta reflexión), no pueda aplicarse en la actualidad, al contrario, es una obligación observarlo por  un cúmulo de razones, varías de las cuales se consignan en este trabajo.

¿SE APLICA LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN NUESTRO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL?

El que esto escribe comenzó su vida profesional como agente del ministerio público investigador (fiscal) y después he incursionado en la labor jurisdiccional en materia penal por espacio de veinte años, ocho de los cuales ha sido como juzgador; con esa experiencia acumulada en la práctica diaria, me atrevo  afirmar que con una frecuencia que sería inusitada desde una perspectiva ajena a este país, se observan acciones que de manera rotunda se apartan del respeto a los derechos básicos del gobernado. Son irregularidades tan reiteradas que sería ridículo negarlas. Obviamente se traducen en una total inobservancia del principio de inocencia.

Bajo esa óptica, no puedo dejar de referirme a las acciones de personajes cuya intervención tiene un peso enorme en la mayoría de los casos sometidos a juicio; sobre todo si se considera que un gran porcentaje de los individuos que son procesados en México, fueron capturados en flagrancia o cuasi flagrancia (se habla de que un setenta por ciento de los inculpados fueron detenidos en menos de 24 horas de ocurrido el delito), así pues, por lo general los agentes de policía en los proceso penales aparecen como testigos directos o al menos muy vinculados al supuesto hecho criminal, de alguna manera tienen un cierto monopolio probatorio; en el sistema procesal que todavía rige, los elementos de las corporaciones de policía (de cualquier nivel) presentan la pruebas en la indagatoria sin necesidad de la intervención judicial, por tanto tienen un cierto control unilateral de ese material, mismo que es determinante para dictar sentencia.

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN RELACIÓN CON LAS AUTORIDADES POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

La actividad de los organismos del Estado que deben combatir de manera directa la delincuencia e investigar el delito, sin importar el nivel de gobierno al que pertenezcan, es de las cuestiones más duramente criticadas no sólo por los especialistas, sino por el común de la gente. Lo que en el fondo motivó el clamor por una reforma en el sistema de justicia penal, no es el avance de la criminalidad por si mismo, sino el hecho percibido por la ciudadanía  en general, el cual  se traduce en una   distorsión o definitiva negación de los objetivos para los que fueron creados los órganos de Estado encargados de la prevención del delito, de la seguridad ciudadana y de la procuración de justicia.

Varios informes anuales de la organización de derechos humanos “Human Rights Watch”, refieren con detalle las acciones que revelan las deficiencias y prácticas más desleales por parte de algunas autoridades, es representativo de ello el informe dado a la luz pública en 2001 que contiene el siguiente párrafo:

“Las deficiencias en la administraron de justicia fueron de hecho una preocupación importante. Los agentes del Ministerio Público ignoraron con frecuencia los abusos policiales y también fabricaron directamente pruebas, y la supervisión judicial de su trabajo fue seriamente inadecuada. Los tribunales aceptaron pruebas obtenidas mediante violaciones a los derechos humanos, lo que incluyó registros ilegales, y los jueces citaron precedentes legales que menoscabaron las garantías de los derechos humanos”. (8)

Otro informe de la misma organización antes mencionada, pero éste de 2006, entre diversos señalamientos refiere el siguiente:

“Las confesiones forzadas pueden servir a múltiples propósitos. Uno de ellos consiste en generar evidencia (tanto la declaración auto-inculpatoria como cualquier prueba que la victima pueda proporcionar sobre otros testigos sobre evidencia física) de que la victima es culpable de un delito. Si bien la tortura generalmente apunta a obligar a los criminales a decir la verdad, también puede obligar a una persona inocente a mentir. Puede, asimismo, servir un propósito aun más siniestro (permitir que los agentes de seguridad encubran sus propias actividades delictivas. Por ejemplo, cuando los agentes detienen ilegalmente a un individuo sin una orden de arresto, pueden forzarlo a declarar a que fue atrapado mientras cometía un delito – in flagrante delito- justificando así la detención. De esta manera, la tortura facilita la práctica de la detención arbitraria que constituye, en si misma, un problema crónico de derechos humanos en México.” (9)

Las conclusiones de investigaciones de otras organizaciones interesadas en el tema, como la Comisión Nacional de Los Derechos Humanos; el Instituto del Banco Mundial; Amnistía Internacional; el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín pro Juárez”, A.C; Centro de Investigación y Docencia Económica A.C. (CIDE), por citar algunos, dan noticia clara y detallada de conductas irregulares, abiertamente transgresoras de los derechos humanos, practicadas de manera sistemática por las autoridades que en el papel tienen como finalidad la seguridad social.

Con el panorama antes expuesto, es claro que en el ámbito de las autoridades ya mencionadas, contrario a lo que disponen las norma nacionales e internacionales, la historia, la teoría y la jurisprudencia, en la práctica diaria lejos de observar el principio de presunción de inocencia, rige la presunción contraria, la de culpabilidad de cualquier persona sometida a procedimiento criminal.

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LOS JUECES PENALES.

La labor jurisdiccional se encuentra estrechamente vinculada con las acciones de los cuerpos policiales, pues la actividad de éstos, por lo general, es la que da origen al procedimiento que luego se encausa a los órganos judiciales; por ende, la labor de los jueces penales consiste en gran medida en decidir respecto a la situación de los imputados que en un principio fueron sorprendidos por la acción policial (en nuestro país, un porcentaje abrumador de asuntos llevados a los jueces se iniciaron por flagrancia, excepcionalmente devienen de una investigación); por consecuencia con nuestras resoluciones (aunque no sea el principal objetivo de ello)  también calificamos el proceder de tales órganos de autoridad.

Pues bien, si las prácticas anómalas, que desgraciadamente forman parte de nuestra cotidianeidad, no son consideradas por los jueces, aún cuando (y solamente cuando) haya señales de ellas en los casos sometidos a su análisis; luego entonces además de apartarnos de la ética, no estamos aplicando a cabalidad los principios jurídicos  que rigen el juicio penal, en concreto el de presunción de inocencia.

Por el contrario, partiendo de una base conformada por el principio de presunción de inocencia, el hecho de reconocer esa realidad, implica que la voy a tener presente para resolver con apego a la justicia los conflictos que se me presentan en la tarea judicial; desde el punto de vista ético y jurídico es imprescindible considerar el estado de cosas que vivimos; reconocer en la medida necesaria que el mundo que vive el enjuiciado es el mismo mundo que estoy viviendo yo como juzgador y que la misma lógica de la vida diaria (aunque depurada en sus formas), es la que va a regir mi desempeño judicial.

Lo anterior no implica, esto debe quedar bien claro, que los encargados de juzgar decidamos a priori respecto a cualquier prueba, en cambio se traduce en la obligación de suprimir todo tipo de formulismo a ultranzas, que solo llevan a enjuiciar con trivialidad y sin mucho apego a la verdad. De esa manera, reconociendo la posibilidad de practicas deshonestas y abusivas, como juzgadores debemos exigir el cumplimiento mínimo de requisitos formales, no otros que los previstos por la ley, a las pruebas generadas por los elementos de las instituciones referidas y también que las mismas al menos se ubiquen dentro de parámetros exiguos de  congruencia, de lógica, de sentido común, es decir, de verosimilitud.

No debemos olvidar como funcionarios judiciales, que el principio de inocencia  nos obliga a revisar que las pruebas de cargo reúnan los mínimos requisitos no solo legales, sino de sentido común y de congruencia con la realidad, para estimarlas jurídicamente eficaces. De igual manera, nos impone abandonar una actividad jurisdiccional sustentada en meros formulismos sordos a las voces de la verdad, privados de la lógica más elemental.

Lo antes mencionado nos lleva a hacernos la inevitable pregunta: ¿Realmente se aplica el principio de inocencia por los jueces en México?

Antes de contestar voy a decir lo siguiente: Todavía puede haber juzgadores que piensan que es mejor no tener ninguna clase de consideración con el inculpado, a quien por el simple hecho de haber sido presentado por la autoridad como presunto responsable automáticamente debe ser considerado enemigo de la sociedad.

Algunos otros señalan que ante el clima de inseguridad y alta criminalidad, no estamos preparados en México para aplicar la presunción de inocencia, con ese argumento lo convierten de un plumazo en un derecho programático, y no en una necesidad urgente de nuestro sistema procesal penal. Estos pertenecen a la clase que, como lo señalan Miguel Carbonell y Enrique Ochoa Reza, tienen la “persistente visión de que la seguridad pública requiere, para ser eficaz en la prevención o la persecución del delito, el sacrificio de los derechos fundamentales” (10)

A nosotros se nos clasifica como malos o buenos jueces, según el número de resoluciones adversas o favorables a los intereses de los que tienen la función de procuración de justicia ¡Que son también los encargados de hacer la clasificación!, sin importar las razones que sustentan el fallo o determinación, y obviamente sin detenerse a analizar si se debió a una deficiencia excepcional o de plano sistemática en las acciones del órgano investigador o acusador. Menos aún se atiende si el fallo en cuestión ponderó en su justa medida las normas y principios de derecho. Luego entonces, bajo las condiciones que vivimos, de deficiencias en las técnicas investigativas, de patentes carencias lógicas y de evidente vulneración a  los derechos humanos, el juez que aplique la presunción de inocencia, que se apegue a la verdad y reconozca en sus resoluciones las irregularidades que saltan a los sentidos y a la razón, sería, en términos de esos estándares absurdos, un pésimo juez, incluso objeto de condena.

Eso no es justo para los jueces y, más importante todavía, representa una postura que pretende anular una formula civilizada, de comprobada valía social, que justifica la existencia misma del proceso penal   y a la larga son muchos y de muy variada índole los perjuicios causados a un orden que pretende ser democrático.

A estas alturas cabría preguntarnos ¿La manera como se lleva el actual sistema de justicia penal ha satisfecho sus objetivos? Dicho en otras palabras ¿Los métodos policiales, de investigación y de impartición de justicia, un tanto apartados del respeto a los derechos fundamentales, han cumplido con sus fines? De obtener una respuesta afirmativa nos llevaría en todo caso a reconocer que tenemos un estado represor y autoritario, que alcanza sus metas no a través de medios democráticos sino mediante el uso de herramientas violentas y nugatorias de los derechos fundamentales, pero finalmente preserva cierto orden estatal y social. Ello sería lamentable a estas alturas de nuestra historia y de la era de posmodernidad que se vive en el mundo considerado civilizado. En suma, en esa hipótesis, las autoridades no contribuiríamos para la mejor solución, pero al menos tendríamos el consuelo de que de alguna manera funciona el aparato estatal.

Sin embargo, puede existir una hipótesis aun más triste, que es posible deducir de una respuesta diferente a los cuestionamientos  anteriores; esto es, si a pesar de utilizar medios abyectos o inaceptables para preservar la seguridad y para ajustarle las cuentas a los “culpables”, no se ha podido llegar realmente los verdaderos responsables de la criminalidad ni se han contenido las olas cada vez más avasallantes de inseguridad y los propios órganos de autoridad contribuyen abierta o implícitamente con sus acciones a la impunidad y a la criminalidad; entonces, quienes formamos parte activa (o inactiva, vayan a saber) del sistema de justicia, no solo estamos fuera de la solución ¡nos convertimos en parte del problema!, cada quien con la porción de culpa que le corresponde.

Como última parte de esta consideración, creo que es muy importante conocer la percepción de la sociedad en general y de los especialista, con respecto a la actividad jurisdiccional, ello pudiera contribuir a una profunda toma de conciencia de los juzgadores, además es importante desde la perspectiva de que los jueces debemos ser sensibles al sentir social, pues finalmente nuestra labor no es un fin en si mismo, sino un instrumento para el bienestar de los miembros de la comunidad en la que existimos.

Lo que se dice en mayor medida del poder judicial tiene que ver con la falta de compromiso, con la evidencia de una ya tradicional apatía; no se nos atribuye, por lo general, la realización directa de prácticas abusivas o deshonestas contra los particulares. Nos descalifican por padecer de una indiferencia que no debería de ser en un juzgador.

Al respecto Miguel Carbonell, levanta su voz crítica para decir:

“No se trata solamente de la no existencia de vías jurisdiccionales internas para proteger los derechos sociales, sino en general de funcionamiento deficiente del poder encargado por mandato constitucional de proteger los derechos fundamentales. El Poder Judicial federal, a pesar de que en los últimos años ha sido modernizado de forma importante, sigue actuando de manera poco “comprometida” (por decirlo de algún modo) con los derechos”.(11)

Por otra parte, al analizar la labor jurisdiccional en América Latina, el argentino Alberto Binder, señala graves deficiencias que lamentablemente se acomodan a algunas practicas judiciales en nuestro país, veamos:

“…hemos visto que el problema de la corrupción del sistema judicial no sólo se refiere a su situación interna sino que también tiene que ver con el modo como reaccionan las instituciones judiciales frente a la corrupción en otras áreas del Estado. Si su actuación es ineficaz, ya sea porque participa de esos actos corruptos o por su tradicional ineficiencia, de todos modos la ciudadanía lo computará a la percepción total que tiene del sistema. El proceso de reforma judicial debe ocuparse especialmente de este tema. Es posible que, en los próximos años, la mejor oportunidad que tenga el sistema judicial de recuperar credibilidad y la confianza de los ciudadanos esté vinculada a su contribución en la resolución del problema de la corrupción de los funcionarios públicos”. (12)

Otra clase de opiniones que se basan sobre todo en investigaciones de campo, igualmente expresan serias críticas a la labor judicial. Así tenemos los informes anuales de Human Rights Watch, en el de 2001 se contiene el siguiente párrafo:

“Las deficiencias en la administraron de justicia fueron de hecho una preocupación importante. Los agentes del Ministerio Público ignoraron con frecuencia los abusos policiales y también fabricaron directamente pruebas, y la supervisión judicial de su trabajo fue seriamente inadecuada. Los tribunales aceptaron pruebas obtenidas mediante violaciones a los derechos humanos, lo que incluyó registros ilegales, y los jueces citaron precedentes legales que menoscabaron las garantías de los derechos humanos”(13).

Es más severa todavía la conclusión a la que llega otro organismo, este nacional, el CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA ECONOMICAS A.C (CIDE), que en su informe de 2005, señala:

“Tomando como parámetro los estándares internacionales, es un hecho que la práctica judicial nacional deja mucho que desear, desde la base hasta la cúspide. La Suprema Corte y la justicia federal en general han hecho lo contrario de crear incentivos para que los jueces de instancia sean capaces de fiscalizar y hacer valer los estándares internacionales de calidad de juicio. Hay cinco puntos elementales que nuestros jueces  penales no están vigilando y que contribuyen al severo problema de desconfianza ciudadana: Aunque el Artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) estable que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, en México, el  maltrato sigue siendo una práctica generalizada avalada por los jueces. Típicamente, cuando un acusado afirma ante un juez haber sido sometido a golpes o torturas por parte de la policía o agentes del ministerio público, la respuesta y actitud del juez son de indeferencia…” “…principalmente, el problema es que denunciar ante los jueces maltratos por parte de la policía o el MP no tiene ningún efecto al interior del juicio, ni tiene algún impacto sobre la validez de las pruebas, aunque el maltrato haya ocurrido.”(14)

LA UTILIDAD DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO EN UN ESQUEMA DE POLITICA CRIMINAL.

Con una voz potente y categórica, muchos sostienen que si bien no aplicar la presunción de inocencia tiene aspectos negativos para los derechos humanos, finalmente son mayores los beneficios, pues aun cuando se pudiera condenar a gente inocente, lo cierto es que se logra contener la criminalidad, es posible hacer un escarmiento, una advertencia ejemplar y se logra apartar, confinar, a los delincuentes sacándolos de circulación; se tiene un autentico control de las autoridades; esa es la política de mano dura, de origen ancestral en México.

Pues bien, s fuera verdad esa tesis, no estaríamos en las condiciones de inseguridad en las  que nos encontramos, no existirían estos niveles de criminalidad e impunidad, este patente vacío de poder estatal, no habría avanzado la corrupción a esferas que se escapan del control de la sociedad.

¿Pero, que tiene que ver la presunción de inocencia con la presencia de la criminalidad y la corrupción? Antes bien, ¿No debe entenderse que si no se respeta cabalmente la inocencia, lo lógico es que más fácilmente, sin tanto obstáculo legal, se condene y por tanto se recluya al criminal que constituye un grave riesgo social?

Para dar respuesta a tales interrogantes en principio habría que hacerse estas otras preguntas ¿Es que nuestras actuales autoridades realmente han demostrado la intención de combatir a los delincuentes que constituyen un verdadero riesgo social? ¿A nuestras policías y funcionarios encargados de procurar y administrar la justicia, se les califica por la calidad de trabajo o por la cantidad del mismo?

Así expuestas las cuestiones, es más fácil explicar como es que tiene relación la observancia del principio de inocencia con una mejor política criminal, es decir, con una efectiva labor de combate a la delincuencia e incluso a la corrupción.

Podría responderse a las dos última interrogantes que es obvia la intención de abatir la delincuencia de alto impacto si tan solo observamos el despliegue que ha realizado el Estado mexicano de fuerzas policiales e incluso del Ejercito, sin embargo, se debe reconocer que ese es una especie de solución inevitable y desesperada, ante el poder cada vez más evidente y avasallante de lo ilícito, algo que precisamente confirma que las fuerzas del estado que de ordinario debían ocuparse del asunto no estuvieron haciendo de manera eficaz su labor, que incluso les quedaba tiempo y ganas para coludirse de manera manifiesta con organizaciones criminales; se han estado dando las condiciones para que nuestros funcionarios tuvieran el tiempo y las intenciones de realizar otro tipo de actividades pues las que formalmente les han sido asignadas, bajo los tradicionales parámetros de valuación, las podían realizar sin ningún problema ante las mínimas exigencias de calidad, de efectividad, de observancia de los derechos humanos, de verosimilitud, de respeto a su función y a otras autoridades a las que supuestamente están subordinados. Ahí tenemos pues, como la falta de referencia a los valores legales (ya no se diga valores éticos), pueden influir de manera determinante para menoscabar gravemente la política criminal.

En efecto, se han preguntado ustedes ¿Que clase de asuntos llegan ante los jueces mexicanos?

La respuesta es sorprendente y reveladora:

“La mayoría de los sentenciados han cometido delitos contra la propiedad, particularmente robos de poca cuantía, o delitos contra la salud, sobre todo tráfico de drogas en pequeños montos (menos de 100 dólares en promedio como valor de la venta de las sustancias con las que fueron detenidos, aunque la mitad traía sustancias con un valor inferior a los 16 dólares. Para algunos analistas estos últimos datos demuestran que la policía más que detener a verdaderos narcotraficantes detienen a consumidores, probablemente para intentar cumplir con un cupo o cuota de detenciones que les exigen sus superiores.” “…lo que podemos concluir es que la justicia penal procesa delincuentes novatos y de poca monta, pero deja ir a los que son expertos y cometen delitos de gran cuantía.” (15)

En nuestra labor diaria nos percatamos que un gran porcentaje de los que son presentados como criminales, realmente deberían ser considerados como víctimas; y es que no puede ser aceptable que en un país sumido en una inseguridad terrorífica, a merced de la criminalidad a gran escala y de alto impacto, una sociedad tomada por grupos criminales desmesuradamente poderosos, donde se manejan sustancias u objetos ilícitos a una escala industrial, de toneladas, estemos los jueces ocupados (y realmente bien ocupados) conociendo una gran cantidad de asuntos insignificantes, en escalas de gramos o miligramos.

Visto de esa manera, si los juzgadores exigimos pruebas eficaces y suficientes que en todo caso abatan de manera contundente, sin lugar a dudas, la presunción de inocencia que es inherente a cualquier ciudadano (por disposición de la norma jurídica, según ya lo dijimos), entonces los agentes encargados de prevenir y de investigar los delitos, tendrán menos posibilidad de “inflar” o “maquillar” su trabajo, van a traer a juicio únicamente los asuntos que se van a ajustar a las exigencias de los juzgadores, o mejor dicho todavía, a las exigencias que impone la presunción de inocencia; se obligaría a someter a proceso solo en contra de quienes se tuvieran pruebas aptas en todos los sentidos (legales, lícitas, lógicas, verosímiles, suficientes, determinantes, etc.)

Creo que ello impediría la saturación de casos mediocres, pues el hecho de que no se pongan límites a los excesos de las autoridades mencionadas y que eventualmente haya juzgadores que no hagan patentes –cuando son evidentes- tales irregularidades, pues no las someten a las exigencias derivadas de la aplicación cabal del principio de presunción de inocencia, ha provocado que cualquier acción de mínima relevancia ilícita (que podría considerarse una mera infracción) sea tratada con desmedida energía por los órganos del estado; que hechos burdamente inventados o exagerados, pongan a funcionar, sin el menor escrúpulo, todo el aparato de justicia con un desgaste que no se restringe a éste, sino a todo el estado y la sociedad misma y que muchas de las veces ocasionan dramas inmerecidos.

Así pues, es claro que, al contrario de lo que se pudiera pensar, la aplicación cabal del principio que nos ocupa, crea condiciones para una mejor política criminal, si bien no de manera directa, definitivamente contribuiría a la seguridad ciudadana.

EFECTOS PRACTICOS DEL PRINCIPIO EN LOS JUICIOS.

La observancia del principio de presunción de inocencia, se traduce para el juez, durante el proceso penal, sin importar la fase del mismo, por supuesto de acuerdo a los requerimientos probatorios que impone la ley (no es lo mismo demostrar una probable responsabilidad criminal que la responsabilidad criminal plena, por ejemplo), en los siguientes efectos prácticos:

a).- La carga de la prueba corresponde a la parte acusadora, es decir, al ministerio público.

b).- El acusado debe ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial.

El concepto de independencia, bien entendido supone que el juzgador en todo caso sólo es súbdito de la justicia, de la verdad y de la razón, a nadie en particular le debe sus decisiones, aunque ciertamente debe cumplir con el verdadero sentir social exclusivamente en la interpretación adecuada de la ley. El juez es obviamente parte del estado, pero debe ser la parte más objetiva y reflexiva de éste. No puede, por ende, prejuzgar la inocencia ni decidir con base en factores que estén fuera de los hechos del juicio y de las normas aplicables.

c).- El acusado no puede ser obligado a declarar en su contra.

Es el sentido del denominado “Derecho a guardar silencio”; lo que implica no solamente la ausencia de cualquier tipo de presión para obtener el eventual reconocimiento de culpabilidad, sino la supresión total de consecuencias legales por negarse a declarar o por no hacerlo en algún momento determinado.

d).- Para condenar a alguien el juez debe estar plenamente convencido, fuera de toda duda razonable, de la culpabilidad del enjuiciado.

Implica asumir de entrada, sin reticencias, obviamente sin prejuicios, la inocencia del imputado, con la conciencia de que nuestras resoluciones no son un acto meramente declarativo, sino que implica afectar los bienes más preciados de los gobernados, como son la libertad, la dignidad y el patrimonio, por tanto se debe estar seguro de que se aplica una sanción a quien, para su desgracia, la merece.

e).- El acusado debe beneficiarse de todos los medios para su defensa.

Es decir, al imputado no se le debe poner obstáculos, al contrario, se le deben de facilitar los medios para que obtenga las pruebas que requiera para su defensa, pues hay que entender el hecho de que muchas veces se encuentra privado de su libertad y por tanto limitado para obtener sus pruebas.

f).- La actividad probatoria de cargo debe sujetarse estrictamente a las reglas del debido proceso.

De ello se desprende la obligación de que las pruebas de cargo se obtengan de manera lícita, de acuerdo con las normas legales que rigen en materia procesal, bajo pena de nulidad absoluta (es decir, ni siquiera podrían considerarse parcialmente para sustentar una condena).

g).- Un mínimo de molestias y consecuencias para el imputado, como efecto del proceso.

Si hay que decidir entre dos o más opciones en relación al acusado durante el proceso, debe escogerse siempre la que implique menos consecuencias negativas. Ello no se circunscribe a cuestiones de fondo, sino en cualquier punto inherente a la situación del reo.

A MANERA DE CONCLUSIÓN. LO QUE ES LA  PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

Después de haber expresado esa serie de consideraciones,  es posible definir en que se traduce la presunción de inocencia, esto es, luego de esta suma de razones nos quedan más claros los componentes elementales que definen, en los diversos campos en que se refleja, el principio materia de este ensayo.

LO QUE ES LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

1.- Un valor humano.- Debe ser vista, sin pecar de exagerados, más que como un derecho; prácticamente se traduce en un valor que se le da a la persona viviendo en sociedad y por lo tanto es fuente de derechos básicos. Se entiende mejor la idea si consideramos el hecho de que el Estado admite y protege la libertad de quien es apto para vivir en grupo, esto es, de quien es inocente; para quien no lo es, se cuenta con instrumentos e instituciones que limitan o definitivamente lo privan del derecho de libertad. La propia existencia del proceso judicial con todas sus garantías, sólo se justifica en un sistema donde se concibe, al menos formalmente, la inocencia como el estado normal de las personas.

2.- Un principio general de derecho.- Lo cual significa que aun cuando no se encuentre contenido expresamente en la norma escrita, en un estado de derecho resulta obvia su existencia como guía rectora en la aplicación y creación del derecho positivo.

3.- Un derecho constitucional y fundamental.- En el plano meramente legal, en México es un derecho fundamental de todo ser humano, que se manifiesta con mayor énfasis cuando éste es sujeto de procedimiento y deriva de la interpretación sistemática de diversos artículos de nuestra  Constitución nacional. Esto es, forma parte del grupo selecto de derechos contenidos en nuestra Constitución, pero además se encuentra inserto en normas internacionales como son la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

4.- Es una obligación ineludible.- Como reflejo del derecho del gobernado, la presunción de inocencia conlleva una obligación para cualquier autoridad de respetar a aquél, de evitar la mínima molestia si no es bajo la reunión de determinados requisitos establecidos en la ley y aún en el supuesto de ser justificada la molestia o, mejor aún,  la sujeción a un determinado procedimiento, la autoridad está obligada a creer al menos formalmente, con todas las consecuencias que implica esa convicción, que el individuo es inocente y por tanto a conducirse de tal manera que no haga pensar que lo estima culpable; debe suprimir cualquier actuación o suposición que implique una consideración de culpabilidad. 

NOTAS BIBLIOGRAFICAS.

(1) Soria Carlos,” Fundamentos Éticos de la presunción de inocencia o la legitimidad del periodismo de denuncia”. Revista COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD.  Universidad de Navarra. Volumen IX, febrero de 1996.

(2) Rousseau, Juan Jacobo “El Pacto Social” Editora Nacional, México 1979. pag. 217.

(3) Citado por Hernández Pliego Julio Antonio, “No existe la presunción de inocencia”. Revista del Instituto Federal de Defensoría Pública. Número 4. dic. 2007. pag. 86)

(4) Visto en página del Ministerio de Justicia de Francia http://www.texts.justice.gouv.fr/index.php

(5) Beccaria, Tratado de los Delitos y de las Penas. Tercera edición facsimilar. Ed, Porrua México 1988. pag 61). 

(6) [online]. ago. 1999, Vol. 10 supl. [citado 27 Abril 2008], pp. 41-58..http://mingaonline.uach.cl

(7) Carbonell Miguel, “Los Derechos Fundamentales en México” Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM y Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Primera Edición, México 2004, pag. 739.

(8)Human Rights Watch, Informe 2001 en: ww.hrw.org/spanish/inf_anual2001/mexico.html

(9) pag. 119 del mencionado informe. Sitio electrónico antes citado. Informe 2006).

(10) Miguel Carbonell y Enrique Reza “El abismo del sistema penal”, Revista Nexos, número 366 junio de 2008

(11) Carbonell Miguel. “Los derechos fundamentales en México”. Op. Cit. pag. 142.

(12) Alberto Binder: Corrupción y sistemas judiciales. REVISTA “SISTEMAS JUDICIALES” número 11 octubre 2006. Publicación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), editada en conjunto con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INECIP. Chile.

(13) Informe Anual 2001 De  Human Rights Watch. Sitio electrónico  citado.

(14)Informe del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C (CIDE),DE 31 DE MARZO DE 2005, PAGINAS 5 Y 6.

(15) Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín pro Juárez”, A.C. y Lawyers Commitee for Human Rights, 2001).


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El Ministerio Público y la Trilogía Investigadora

Nuevo Sistema de Justicia Penal
Revista Semestral del Consejo de Coordinación para
la Implementación del Sistema de Justicia Penal
Año 1 ¦ Noviembre 2010 ¦ Número 2

Por Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega 1

La sociedad reclama una actividad firme y decidida en contra de quienes vulneren su integridad, bienes y tranquilidad; al mismo tiempo que exige un cuerpo investigador respetuoso de la ley, de los derechos humanos, con una ética profesional, el cual tuviese como misión la auténtica representación social de los mexicanos. Con la Reforma Constitucional del 18 de junio de 2008, en la que se incorpora el Sistema de Justicia de corte Acusatorio, Adversarial, el Ministerio Público debe tener herramientas para el desempeño de su función como coordinador de la Trilogía investigadora”

Se debe lograr abatir la impunidad, al tiempo magnificar las garantías y el respeto a los derechos humanos de los gobernados; para lograr lo anterior, se plantea abatir los trámites innecesarios de manera exitosa, es decir, quitar los gestiones rígidos y protocolarios que presentaba la fase investigadora. El establecimiento a nivel Constitucional, del criterio de oportunidad y los métodos de justicia alternativa, para socializarlos dentro de la población. Profesionalizar al factor humano y dotarlo de apoyos financieros y tecnológicos de vanguardia, para que puedan operar el sistema.

Se propone crear una comisión plural, en la que participen el Instituto Nacional de Ciencias Penales, los procuradores de justicia, autoridades de las facultades de derecho del País, intelectuales académicos, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación Para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, El Sistema Nacional de Seguridad Pública y representantes de la sociedad; esto con el fin de dar marcha a la reingeniería del Ministerio Público en sus distintos ámbitos de competencia.2 Con este plan de acción, se propone que esta comisión plural implante las estrategias necesarias para constituir el Ministerio Publico Investigador; asimismo fungirá como órgano permanente de control y supervisión. El Ministerio Público se deberá enfocar a dar resultados contundentes en el ataque a la criminalidad y a recobrar la confianza de la ciudadanía.

Profesionalización

El Ministerio Público debe contar con conocimientos especializados en procuración de justicia a fin de crear una nueva generación de investigadores que dirijan en la práctica las acciones y diligencias encaminadas a descubrir la verdad histórica. Con lo anterior se deja a un lado al Ministerio Público de escritorio, tramitador de oficios.

La selección del personal que integre el Ministerio Público Investigador deberá ser rigurosa; sometiéndose a exámenes psicométricos, de conocimientos jurídicos y técnicos, así como a exámenes físicos. Se deben tomar en cuenta tanto las aptitudes como las actitudes de los aspirantes; una vez seleccionados se deberán entrenar en aspectos técnicos, teóricos y operativos de la investigación criminal y científica. Para la profesionalización del Ministerio Público se deberán instrumentar mecanismos y sistemas de investigación científicos de vanguardias medibles y cuantificables, que permitan la supervisión y evaluación constante de resultados. De la misma forma se tiene que eficientar las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reto que a la fecha tiene Plataforma México, para lograr la correcta coordinación entre las distintas entidades y niveles de gobierno.

A fin de terminar con la burocracia y los errores en la etapa de investigación, dentro de la capacitación que se propone, se incluye una estructura la cual debe integrarse por células investigadoras; estas unidades o células base, trabajaran un determinado número de asuntos, referentes a las cuestiones que más agravian a la sociedad en la actualidad como son la delincuencia organizada, los delito violentos, y los delito seriales.

Para investigar de manera adecuada los comportamientos típicos se requiere contar con una nueva estrategia de organización; con el propósito de delimitar responsabilidades y centrar objetivos concretos para obtener información precisa sobre el delito y el delincuente con el objeto de asegurar un adecuado desempeño de la investigación. Con estos mecanismos anteriormente propuestos, todos los asuntos deberán concluirse, pues al dar seguimiento y supervisión constante a la investigación, necesariamente se tendrá que formular la imputación en contra del indiciado, o en su caso la causa excluyente que opere en términos de ley y así evitar que los asuntos se queden en un archivo temporal o provisional. La investigación científica se podrá llevar a cabo con continuidad. Al contar con investigaciones específicas y concretas, el seguimiento y la supervisión al desarrollo del trabajo será una realidad.

Un elemento de la profesionalización de los agentes del Ministerio Público consiste en ubicar indicadores mínimos de eficiencia, entre los que se destacan:

1. El Ministerio Público Investigador debe llevar un control del número de carpetas de investigación previas recibidas.

2. El Ministerio Público Investigador debe llevar un control de los asuntos resueltos y tiempo de gestión requerido.

3. El Ministerio Público Investigador debe llevar un control del estado de las investigaciones judicializadas, en qué diligencia se encuentra y cuáles son las diligencias que ya concluyeron.

La investigación en el nuevo sistema

La investigación es la etapa procedimental durante la cual la trilogía investigadora realiza todas aquellas diligencias necesarias para estimar la existencia de un hecho delictuoso y la probable intervención delictiva del sujeto y optar por formular imputación o no.

El nuevo rol que debe desempeñar el Ministerio Público como líder de la “Trilogía Investigadora”3 implica implementar retos y formas radicalmente nuevas de trabajo, con el propósito de instaurar un sistema penal preponderantemente acusatorio y garante de los derechos fundamentales de todos los involucrados en el proceso penal.

En la etapa de investigación, los elementos probatorios que se recaben carecerán de todo valor hasta el momento de ser desahogados ante el órgano jurisdiccional en audiencia de juicio, excepto la prueba anticipada y la pre-constituida4. La tendencia que identifica a un sistema de corte preponderantemente acusatorio es hacer una investigación previa ágil y simple, menos formal y más funcional, lo que implica restarle peso probatorio a las diligencias practicadas por el Ministerio Público en esta fase.

Actualmente existe un debate en el ámbito académico en el sentido de definir cuáles son los requisitos que debe cumplir el Ministerio Público, para efectos formular imputación, pues algunos se inclinan por una postura de acreditación plena y otros que la estimación debe ser superficial. Si a este planteamiento se incorpora la idea de que los elementos probatorios recabados en la investigación solo serán estimados para vincular a una persona, se entiende que no tendrían valor probatorio alguno en la sentencia.

Se debe comprender que la desformalización de la investigación y de los requisitos para que el Ministerio Público formule imputación, no significa que actúe arbitrariamente, sino por el contrario, el actuar de la institución investigadora deberá ser profesional y científico, pues esas fuentes de prueba que el investigador recabe durante la etapa inicial, deberán ser preservados para que en su momento se practiquen, como medios de prueba en un debate oral; con lo antes referido, no se duplican las actuaciones al momento de llegar al juicio, pues se cumple con el principio de igualdad de armas en el proceso y será un tribunal oral imparcial quien decida sobre lo que las partes plantean en el debate. De ninguna manera se puede pensar que esta reforma servirá de base para que el Ministerio Público ejercite la acción penal en forma indiscriminada y en detrimento de la sociedad.

Cuando se simplifican las diligencias no se limita la actuación del Ministerio Público para estimar el hecho delictuoso y la probable intervención delictiva del indiciado, toda vez que tiene amplias facultades para emplear los medios de investigación que juzgue necesarios, con la única limitante de que estos medios y técnicas de investigación no sean contrarios a derecho y respeten el principio de proporcionalidad.

Manual de investigación ministerial

A continuación se propone un manual mínimo de investigación con el propósito de facilitar la actuación del Agente del Ministerio Público, de manera sistemática, cronológica y transparente dentro de un sistema preponderantemente acusatorio, para dar sustento a la garantía de certeza jurídica dentro de la investigación.

Este modo de trabajo, a manera de (PSO) Procedimientos Sistemáticos de Operación, fue ideado por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para la Coordinación General del Ministerio Público Especializado, dando muy buen resultado, al facilitar a los investigadores seguir una metodología y bitácora en cada uno de sus casos5.

1. Denuncia

La primera diligencia en toda investigación consiste en dar a conocer la noticia criminal al órgano investigador por lo cual se deben seguir las siguientes actuaciones:

1. Recibir la denuncia o comunicado oficial del probable hecho tipificado como delito.
2. Recabar los datos generales del denunciante. Cuando sea anónima la denuncia, estos datos quedarán en estricta confidencialidad. El denunciante puede solicitar que sus datos personales se mantengan en confidencialidad a lo largo de toda la investigación.
3. La denuncia deberá contener la descripción de los hechos desde la apreciación de la primera persona que conoció de los mismos (particular, autoridad, familiar de la víctima, etcétera), así como la forma en que ésta se enteró.
4. Indicar día, lugar y hora en que el denunciante se enteró del probable hecho delictivo.
5. Recabar los datos generales que se puedan obtener respecto del hecho a investigar.
6. Recabar la descripción de la persona o personas involucradas en los hechos y la participación de cada uno.
7. Cuando se conozca al indiciado, recabar sus datos generales.
8. Cuando no se conozca al indiciado, recabar su media filiación.
9. Indicar: fecha, lugar y hora donde ocurrieron los probables hechos delictivos.

Existen dos tipos de denuncia: la formal y la informal. En la primera, la policía investiga y advierte la comisión de un hecho delictuoso al agente del Ministerio Público; en tanto que en la segunda, la víctima u ofendido van directamente con el agente del Ministerio Público a dar a conocer la noticia criminal.

2. Descripción del Modus Operandi

Los seres humanos somos entes de hábitos y costumbres; por lo cual nos apegamos a cierta rutina.

En este sentido, es importante establecer el modus operandi ya que da el patrón de conducta del probable hecho delictivo, y permite comparar y dejar un precedente para desarrollar otras investigaciones. Para detectar un posible modus operandi es necesario identificar rasgos característicos de los hechos delictivos, a través de distintas áreas a saber:

1. Entradas y salidas de la escena del lugar de los hechos.
2. Tipo de instrumento utilizado para la comisión del probable hecho delictivo.
3. Formas de acercamiento a las víctimas.
4. Forma de sometimiento a la víctima.
5. Tipo de víctima.
6. Comportamiento del indiciado respecto de las víctimas.
7. Movimientos corporales del indiciado
8. Conocimiento del lugar e instrumentos de movilidad para abandonarlo.

El manejo adecuado del modus operandi es importante para la correcta investigación de un posible hecho delictivo, ya que al conocer el móvil, la oportunidad y el modo del indiciado, ayuda al Agente del Ministerio Público con la investigación a su cargo.

3. Inspección de la escena del delito

El Agente del Ministerio Público, la Policía Investigadora y los Servicios Periciales se trasladarán al lugar de los hechos probablemente delictivos para buscar indicios que sean de utilidad para construir la teoría del caso y así poder formular imputación, la trilogía investigadora debe tener un especial manejo de la escena del delito. El Ministerio Público deberá llevar un manual de trabajo con el propósito de llevar un orden de la documentación de sucesos, mom0entos y movimientos importantes, relacionados con la investigación a su cargo. En dicho manual se administrará lo siguiente:

1. Descripción narrativa del lugar de los hechos.
2. Registro fotográfico del lugar de los hechos.
3. Diagrama y croquis del lugar de los hechos.
4. Registro de recuperación de evidencias.
5. Registro de toma de huellas dactilares en el lugar de los hechos.

Con relación a las evidencias e indicios localizados en el lugar de los hechos, no se deberá permitir que se toquen o se muevan los objetos encontrados en el mismo, hasta la llegada del Ministerio Público correspondiente y los peritos en criminalística; a esto se le denomina cadena de custodia,6 la cual es importante, ya que es la figura encargada de resguardar la evidencia, e incluso puede vincular un caso con otro. Los policías deben hacer un informe sobre los hallazgos o indicios encontrados. A su vez, el Ministerio Público deberá iniciar el procedimiento de custodia respecto de los elementos materiales o evidencias físicas que se recaben, ya sea en el lugar de los hechos o en el lugar del hallazgo.

4. Intervención de Servicios Periciales

El Ministerio Público deberá ordenar la intervención de peritos expertos para el caso que se investiga, para el correcto desarrollo de la investigación a su cargo. Existe una variedad de servicios periciales para la investigación de los hechos, entre los que se destacan:

a )Criminalística para fijación del lugar de los hechos, cuya función consiste en: Describir de manera detallada lo que se aprecia en el lugar ya sean: objetos, personas, cadáveres, u otros; elaborar croquis para ilustrar la ubicación y distribución de los indicios encontrados; reproducir tridimensionalmente, marcas producidas en superficies blandas localizadas en el lugar de los hechos; fijar a través de fotografías, el lugar de los hechos y los indicios encontrados; buscar y levantar huellas dactilares; reconstruir la escena de los hechos; determinar la posición víctima–victimario y las posibles características de los probables responsables; establecer la veracidad de lo declarado por los sujetos en los hechos; establecer posibles características de las armas, objetos o instrumentos utilizados; y, determinar número de personas que intervinieron en la realización de los hechos.

b)Fotografía para observar gráficamente lo que es observado y fijado por el Ministerio Público en distintas posiciones como: La fijación del lugar de los hechos; La fijación de huellas dactilares, pisadas, manchas, daños a objetos, impactos, u otros; La fijación de ropas, lesiones, heridas, lunares, tatuajes, cicatrices de los sujetos que intervinieron en los hechos presuntamente delictivos; la identificación de detenidos, cadáveres y armas; La fijación de bienes muebles e inmuebles; La fijación de documentos encontrados en el lugar de los hechos.

c)Química, con la finalidad de brindar estudios relacionados con: La identificación de las armas de fuego, así como el uso de las mismas:

La prueba de Harrison, para determinar si alguien disparó un arma de fuego.
La prueba Absorción Atómica, para identificar la presencia de trozos metálicos de plomo, bario o antimonio.
La prueba de Walter para determinar la distancia a la que se efectuó un disparo, así como la búsqueda de nitritos en los orificios producidos por un proyectil en las ropas.
La reacción de Lunge, para determinar si un arma fue disparada.
La prueba de Radisonato de Sodio, cuya función es similar a la de Absorción Atómica.
La aplicación de técnicas de serología para hacer rastreos hemáticos:
La prueba de Kastel–Mayer, cuya función es identifica manchas de sangre
La prueba de Precipitinas, la cual determina si la sangre es humana.
Técnicas para la identificación del tipo de sangre.
Aplicación del exudado vaginal, oral o anal para detectarla presencia de espermatozoides.
La prueba de DNA en sangre, semen, saliva, sudor, lagrimas, cabellos, etcétera.

La identificación de sustancias químicas, así como la determinación de su naturaleza: Cianuros, arsénico, estricnina, barbitúricos, alcaloides en general y drogas.

La identificación de alcohol en fluidos biológicos, y la determinación del estado de ebriedad, tanto del probable responsable como de la víctima. Dicha identificación se puede efectuar en:
Sangre, orina, sudor.

d)Balística, el cual ayudará a determinar las características de las armas de fuego, como son: la determinación de calibres, en un proyectil, casquillo o esquirla; estudio microcomparativo para establecer calibre, rayado y correspondencia con el arma en estudio; el funcionamiento; las formas de almacenamiento; si el arma ha sido disparada; y, la posición víctima– victimario, trayectoria y distancia en la que se efectuó el disparo.

e)Medicina Legal: cuya función consiste en determinar las características fisiológicas y psicológicas de los sujetos intervinientes en el hecho presuntamente delictivo, entre las que se destacan: la edad del individuo; el estado psicofísico de la persona; la integridad física y las lesiones que puedan presentar los sujetos; la elaboración de actas medicas; la práctica de exámenes ginecológicos y de exploración física; la aplicación de exámenes andrológicos y proctológicos; la práctica de exámenes de necropsia; y, la congruencia entre las lesiones apreciables en personas o cadáveres y el arma o instrumento del delito.

f)Retrato hablado, el cual se utiliza para elaboración de croquis del lugar de los hechos así como las personas y objetos, cuya identidad es desconocida.

g)Valuación: para fijar un valor a un objeto, de acuerdo a su estado, en relación a la oferta y demanda en el mercado.

h)Documentoscopia y Grafoscopio, cuyas funciones son: determinar el origen y la antigüedad de un papel; identificar la autenticidad de papel o documento; y, apreciar el origen de la escritura y determinar a quién corresponde.

i)Antropología: cuya aplicación se presenta para establecer origen y antigüedad de restos óseos.

j)Antropometría, cuya finalidad consiste en: realizar reconstrucciones faciales y corporales de restos humanos; y, establecer características étnicas y físicas de restos humanos.

k)Foniatría, para la identificación de voces y sonidos en cualquier medio de grabación.

l)Peritos intérpretes: para casos en los que la víctima, el indiciado o los testigos, hablen lengua o dialecto distinto al castellano o sean sordomudos.

m)Odontología: Para establecer edad, sexo, identidad y otras características de personas o cadáveres, mediante el estudio de piezas dentales.

n)Incendios y explosiones: para establecer la mecánica del fuego (origen, causas, provocado, accidental) tiempo de duración, temperara, sustancias acelerantes

o)Psicología Criminal, cuya función consiste en: estudiar la personalidad del delincuente (conducta) y realizar estudios victimológicos (perfil de la víctima).

p)Psiquiatría Criminal: Para establecer si el probable responsable tiene capacidad de querer y entender, así como algún trastorno o patología del probable responsable.

q)Tránsito Terrestre: para identificación de huellas de frenado, arranque, desplazamientos y trayectorias de vehículos.

r)Contabilidad: Para determinar el monto del perjuicio patrimonial de la víctima, en los casos en que esté relacionado el secuestro y los delitos patrimoniales.

El Ministerio Público deberá de asignar el momento en que intervenga cada perito, a efecto de que la diligencia se realice de manera ordenada, coordinada y secuencial. El perito informará al Ministerio Público, de los hallazgos o indicios encontrados, los cuales levantará y embalará en su presencia, trasladándolos bajo su responsabilidad, al laboratorio correspondiente, para practicar las pruebas solicitadas por el investigador, y las que a su criterio técnico considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público deberá dar seguimiento continuo a los resultados de todas las pruebas periciales solicitadas, analizando los dictámenes y aclarando las dudas y comentarios que procedan, con la finalidad de establecer su teoría del caso.

La sociedad Mexicana reclama y espera que se haga realidad uno de los anhelos mas caros “la Justicia”. El Nuevo Sistema de Justicia Penal, se constituyó para esto y recae sobre todo, uno de sus principales operadores “El Ministerio Público” el peso y la responsabilidad de cumplir tan sentida misión. Lo cierto es que la transición del cambio ya empezó, enhorabuena…

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1 Director de Capacitación de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, Maestro en Alta Dirección por la Universidad Anáhuac, especialista en investigación científica del delito por la Academia Nacional del FBI.
2 Se propone que el INACIPE, al ser quien capacita los Ministerios Públicos Federales, tenga a su cargo una evaluación periódica de los Ministerios Públicos en funciones, en plazos continuos de dos años, a fin de garantizar una certidumbre jurídica de la investigación y el respeto de sus operadores.
3 Ministerio Público como líder, la Policía Investigadora y los Servicios Periciales como sus auxiliares directos en la investigación científica de los hechos típicos.
4 Dagdug Kalife, Op. Cit. p. 197.
5 René González de la Vega y Gustavo Salas Chávez, Documento elaborado para el Ministerio Público Especializado de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en 1993.
6 La cadena de custodia es un proceso de calidad, continuo y documentado, aplicado por particular o servidor público, cuyo objetivo es desarrollar la capacidad demostrativa de todo espacio o lugar considerado escena, así como de todo elemento de prueba a partir de su identidad y naturalidad, desde que se conozca de su existencia o toma; hasta que la autoridad judicial lo determine.


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¿Cómo Realizar un Alegato de Apertura?

Nuevo Sistema de Justicia Penal
Revista Semestral del Consejo de Coordinación para
la Implementación del Sistema de Justicia Penal
Año 1 ¦ Noviembre 2010 ¦ Número 2

Por Erika Bardales Lazcano 1

Como es sabido el 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma integral al sistema de justicia penal en México. Dicha reforma versa sobre la necesidad de migrar de un sistema predominantemente mixto inquisitivo a uno acusatorio y oral; por lo cual, al referirnos a un sistema oral ello equivale a decir sistema de audiencias que se desarrollarán no solo en el juicio oral sino en etapas previas al mismo y así lo menciona nuestra carta magna. Es decir, un sistema oral se caracteriza por la existencia de “audiencias” como metodología central para la toma de decisiones relevantes del proceso, con dicha metodología se abandona el expediente como forma de producción de información para la toma de decisiones judiciales.

Ahora bien, bajo la premisa de que: la audiencia es el referente del sistema acusatorio y su metodología en cualquier etapa del proceso nos encontramos en la necesidad de conceptualizarla como: el momento procesal oportuno en que convergen todos y cada uno de los principios que informan un debido proceso. En el sistema acusatorio son diversas, a manera de ejemplo: la audiencia de control de legalidad de detención; de formulación de imputación; de vinculación a proceso; de etapa intermedia; y claro, la del juicio oral. Cada una de estas audiencias tiene una substanciación especial pero coinciden en que deben existir argumentos por ambas partes que permitan actualizar los principios de publicidad, contradicción, continuidad, inmediación y concentración.

Respecto a los alegatos de apertura se ha sostenido que los mismos se presentan solo en el juicio oral, en lo particular se considera poco exacto ese criterio, ya que en etapas previas también existen alegatos –con finalidad diversa- que apoyan a la realización de la misma. Los alegatos en audiencias previas al juicio sin ser de apertura se les conoce como alegatos de presentación de pretensiones.

La diferencia entre los alegatos de apertura de un juicio oral y los alegatos de presentación de pretensiones radica en el objetivo procesal, pero ambos coinciden con la finalidad de exponer un ejercicio estratégico que no puede abandonarse a la improvisación. Cada audiencia debe ser preparada minuciosamente para verter información relevante de parte de quienes solicitan o se oponen a una decisión que debe tomar un juez.

Es decir, los argumentos de apertura de cualquier audiencia operan sobre la base de reunir a los actores involucrados y permitir que en presencia de ellos se genere un intercambio verbal de información relevante para la decisión que se discute, sin importar si dicha decisión es o no con pretensión de sentencia. Por ejemplo en la audiencia de vinculación a proceso se realizan argumentos de apertura –que implica exponer pretensiones- con la finalidad de someter a una persona a una investigación formalizada.

Ahora, centrándonos únicamente en los alegatos de apertura en audiencia de juicio oral se esta claro que sirve para exponer la teoría del caso ante el Tribunal, ya que es el primer acercamiento que los jueces tendrán para conocer el asunto, por lo cual debe ser atinado, concreto y no pre-dispositivo. Una regla es que en el alegato de apertura nunca se debe argumentar, ello en razón de que la prueba no se ha desahogado, por lo cual no hay sustento para hablar de lo que dirán terceras personas.

En la exposición de los alegatos de apertura, primero lo hará el Ministerio Público porque precisamente su acusación dio origen al juicio; posteriormente si se constituyó como coadyuvante y lo desea, puede realizarlo la víctima u ofendido ya sea por sí o por medio de su asesor jurídico; y al final lo hará la defensa. Se recomienda el siguiente esquema para presentar un alegato de apertura en juicio oral.

1. Presentar un tema

Donde el tema significa un enunciado que debe englobar el hecho y la pretensión, por ejemplo: homicidio si, pero en defensa legítima. Cuando nuestro enunciado menciona homicidio si, se puntualiza a los jueces de qué se tratará el asunto, que es una privación de la vida, y que sí sucedió, pero la segunda parte del enunciado defensa legítima además le dice a los jueces la pretensión que se tiene en Juicio Oral, en este caso, una causa de justificación. Es decir, el tema es una expresión personal, puede ser tan dramático como se quiera pero lo que nunca debe faltar es la estructura como un enunciado bimembre, con dos ideas: 1. Asunto y 2.Pretensión.

Es importante mencionar que el tema no es una explicación, ni siquiera es un párrafo ¿Es tan difícil de entender? Si se permite una paradoja se diría que la teoría
del caso es el contenido de un cuento, de un libro y el tema es el título.

2. Narración de los hechos

Implica que se exponga lo fáctico de nuestra teoría del caso ante el Tribunal Oral, es decir ¿Qué pasó? Esta exposición puede ser temática o cronológica, siempre expresada en tercera persona, ya que quien la realiza no le constan los hechos, pues en caso contrario se rompe la buena fe, objetividad y lealtad con la que debe dirigirse. Se exhorta que la explicación sea cronológica, ello ayudará a guiar al Tribunal respecto al acontecimiento de los hechos que ocurrieron. Es como se diría “se le cuenta el abstrac de la película a los jueces”.

3. Planteamiento jurídico

Una vez que se expresa lo fáctico ¿qué es lo que sucedió? Se le dice al Tribunal que esos hechos se encuadran en un fundamento jurídico-penal, por lo cual se pretende su juzgamiento; es decir, es comunicarle al Tribunal que existieron unos hechos y una conducta que al encuadrarse logra la tipicidad, y al ser típica una conducta, y antijurídica a la vez, se somete a consideración del Tribunal para garantizar bienes jurídicos de tutela del Derecho Penal. La fundamentación jurídica es indispensable ya que nuestro Derecho Penal descansa en el principio de legalidad como máxima expresión del Derecho Punitivo. Los fundamentos jurídicos se expresarán primeramente en el tipo penal básico, de manera posterior en agravantes, atenuantes o excluyentes, y finalmente en la necesidad del juicio de reproche por parte del órgano jurisdiccional.

4. Promesas o compromisos para el Juicio

Una vez que sea expuesto ¿qué pasó? y ¿en donde encuadra? Se requiere mencionar al Tribunal que ello será probado en la audiencia del juicio oral, y que esa parte estará a cargo de los testigos que vendrán y dirán lo que saben o lo que conocen. Es preciso mencionar que en este momento, la función del Ministerio Público o de la defensa es poca, ya que ellos no pueden asegurar de qué hablará un testigo, por lo cual se debe quedar en promesas de convicción, nunca de categorización de la misma. El riesgo de hablar por los testigos o prometer cosas que ellos dirán, denota una debilidad que puede ser aprovechada por la contraparte en el alegato de clausura, donde podrá argumentar la falta de probidad, de método, y de buena fe, buscando con ello la duda razonable del juzgador. Las promesas o compromisos son menciones de acreditación realizadas en tercera persona, no argumentativas –si no se hace caso de esto– se denotar debilidades y falta de experticia en el manejo de la teoría del caso en la
exposición.

5. La petición

Es la parte final con la cual se va a concluir el alegato de apertura y está debe ir correlacionada entre lo fáctico que es la exposición de los hechos, lo jurídico que es el fundamento y la prueba. Se solicita la pretensión, es decir, en el ejemplo de la defensa legítima, que se valoren los hechos que fueron reales, actuales, inminentes, racionales y proporcionales y los medios empleados por el sujeto, para que en el fallo nos sea favorable; por lo que hace al Ministerio Público podrá sugerir
punibilidad al Tribunal Oral.

Adelantamiento de debilidades.

Existen algunas obras que mencionan en el alegato de apertura se deben anunciar las debilidades, situación con la que no se está de acuerdo. Si se adelanta una debilidad, lo que se está haciendo es alertar a la contraparte de algún punto que pudo haberle pasado desapercibido y que podría afectar nuestra pretensión. Se dice que el adelantamiento de las debilidades es para el juzgador, para que él vea que nos dirigimos de manera leal y honesta, pero en lo personal se considera que no es necesario adelantar debilidades para comprobar la honestidad de las partes, basta con que se dirijan con profesionalismo; es decir, el adelantamiento de la debilidad nos puede representar, más que una ayuda, un detrimento en la teoría del caso.

Por último no se debe olvidar que siendo una metodología de audiencia y así lo estableció el Constituyente en la exposición de motivos, requiere como herramienta la oralidad para el desahogo de las mismas. Ya que, es por medio de ella que se expresaran las pretensiones ante el órgano jurisdiccional y por medio de ella es que también se dictarán las resoluciones correspondientes. Por lo cual, el gran reto para el sistema de audiencias es capacitar de tal suerte que se enseñe al alumno que para ir a una audiencia debe seguir la siguiente estructura:

1. Trabajo jurídico-intelectual (derecho penal sustantivo); 2. La creación del argumento que usará; y 3. La expresión del argumento en audiencia de forma clara, sistemática y concreta. Con ello se logrará verter información de un proceso con una alta calidad.

Además se debe resaltar el respeto en todo momento de la dignidad humana tanto para la víctima, como para el indiciado, ya que los Derechos Humanos son indispensables al Derecho Penal en cuanto a su práctica, pues sin ellos no habría realmente un debido proceso legal ni mucho menos un Estado Democrático de Derecho.

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1 Licenciada en Derecho la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con un Máster por el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid España. Tiene cinco certificaciones internacionales en materia de Juicios Orales por las siguientes instituciones: la Embajada Británica, el Centro de Estudios Jurídicos de las Américas y la [California Western School of Law en San Diego]. Es profesora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), de la Academia Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría Técnica del Consejo de Implementación para la Reforma Penal (SETEC) y de la Comisión Nacional de Tribunales (CONATRIB). Es autora del libro: Guía para el estudio de la reforma penal en México.


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